El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tiene en cuenta el arrepentimiento del letrado, que presentó un recurso de apelación plagado de citas jurisprudenciales inexistentes.
Las sentencias falsas generadas por IA comienzan a suponer un problema real para los magistrados y abogados. Un juez canario ha impuesto una multa de 420 euros a un letrado por vulnerar el deber de veracidad y el principio de buena fe procesal tras presentar un recurso de apelación plagado de citas jurisprudenciales inexistentes, muchas de ellas generadas por herramientas de IA sin la debida supervisión profesional.
En un auto fechado el 10 de febrero de 2026, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) concluye que el abogado incluyó hasta 48 sentencias inexistentes, atribuidas principalmente al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin comprobar su veracidad en bases de datos oficiales.
Según la resolución, de la que es ponente Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del TSJC, esta actuación constituye una negligencia grave y una falta de respeto a la función jurisdiccional, al construir una fundamentación jurídica artificial carente de respaldo real.
Además de la multa, el auto acuerda remitir la resolución al colegio de abogados del afectado para que, si lo estima oportuno, depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir.
Una herramienta generalista
Según el auto que dispone la sanción, el abogado se valió de una herramienta de IA generalista —es decir, no diseñada específicamente para el ámbito jurídico— para introducir hasta 48 citas de sentencias inexistentes en un recurso contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El TSJC advierte que el abogado no sometió a revisión ni verificación alguna que las citas se correspondieran con resoluciones reales: no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente, ni verificó los datos de salida de la herramienta con bases oficiales de jurisprudencia.
A juicio del tribunal, esta omisión constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana, indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional, y vulnera el estándar de diligencia exigido por el código deontológico de la abogacía.
Por ello, la resolución acude a un criterio ejemplarizante a la hora de cuantificar la multa: 420 euros, la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de IA específicamente jurídica disponible en el mercado. De haber sido utilizada, probablemente hubiera evitado el lamentable resultado que ahora se enjuicia.
La Sala impone esta cuantía teniendo en cuenta que el abogado admitió los hechos, reconoció expresamente su responsabilidad y manifestó un arrepentimiento aparentemente sincero.
El tribunal subraya que no desconoce ni desdeña el potencial que las herramientas de IA ofrecen para las profesiones jurídicas, pero recuerda que el principio de supervisión humana es el eje vertebrador del uso de estos sistemas, debiendo el profesional entender la herramienta como asistencial y nunca como decisoria, evitando una dependencia ciega.
Fuente: https://www.expansion.com/
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