El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha causado un desconcierto en los fiscalistas al dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la justicia belga que versaba sobre la obligación de los asesores fiscales de informar sobre estructuras opacas de sus clientes.
Con anterioridad, el TJUE dictaminó en su sentencia del 8 de diciembre de 2022 la importancia de no infringir el secreto profesional y el derecho al respeto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Tras ello, eximió a los abogados de la obligación de informar sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva de sus clientes.
No ha sido así con los asesores fiscales, para quiénes la sentencia ha tenido un impacto considerable, pues se les sigue imponiendo la carga de reportar cualquier esquema fiscal que pueda ser considerado opaco o destinado a evadir impuestos. Esta decisión pone de relieve la distinción que hace el TJUE entre diferentes tipos de intermediarios, donde los asesores fiscales, a diferencia de los abogados, no pueden acogerse al secreto profesional para evitar la obligación de informar.
Evidentemente, este panorama ha generado una sensación de vulnerabilidad entre los asesores fiscales, quienes comenzarán a ver en peligro la confianza que sus clientes depositan en ellos. Además, la falta de claridad sobre qué constituye una estructura opaca o cuándo una planificación fiscal se puede considerar como agresiva añade más incertidumbre al ejercicio de su profesión.
Es ahora cuando los asesores fiscales se ven en la difícil tarea de equilibrar sus obligaciones legales con la protección de los intereses de sus clientes, lo que podría llevar a un rediseño de las estrategias de asesoría fiscal para evitar conflictos legales y mantener la confidencialidad que sus clientes esperan.
Es evidente que el TJUE busca reforzar la transparencia en el ámbito fiscal, un objetivo necesario para combatir la evasión. Sin embargo, en esta búsqueda, no se debe perder de vista la importancia de permitir a los profesionales ejercer su trabajo con la libertad necesaria para establecer relaciones de confianza y confidencialidad con sus clientes. La transparencia y la confianza no tienen por qué ser excluyentes; un equilibrio adecuado entre ambas es fundamental para un sistema fiscal efectivo.
En conclusión, la decisión del TJUE plantea desafíos importantes para los asesores fiscales, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de cumplir con nuevas obligaciones sin comprometer la confidencialidad que es esencial en su relación con los clientes. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de transparencia y la protección de los derechos fundamentales será crucial para asegurar que la normativa no solo sea efectiva, sino también justa para todos los actores involucrados.
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